No querría que esto fuera interpretado como un ataque personal contra el Secretario del Consejo de Estado, pero si alguien quiere o le conviene  verlo así, no me queda otra alternativa que asumir el riesgo, porque la intervención del diputado Homero Acosta Álvarez durante el debate de la ley del Código de Trabajo en la última sesión ordinaria del Parlamento es uno de los mejores ejemplos de cómo operan hoy en Cuba los prejuicios machistas y hacia la diversidad sexual.

Antes de entrar en la disección de los recursos retóricos que empleó este dirigente relativamente joven para poner en entredicho la necesidad e importancia de añadir la identidad de género como posible causa de discriminación en el trabajo y de incorporar el lenguaje de género en la nueva legislación, quisiera hacer notar que esta postura del diputado Homero Acosta no es ni será excepcional en lo adelante.

En Cuba, gracias al trabajo de muchas personas durante décadas y a la voluntad expresa de su liderazgo político, ya no hallaremos, al menos en política pura y dura, discursos públicos contra la equidad de género, o manifestaciones abiertas de homofobia, lesbofobia y transfobia.

El nuevo modus operandi, consciente o inconsciente, que el activismo contra la discriminación por género, orientación sexual e identidad de género tendrá que enfrentar para lograr los avances que en tales materias requiere una Revolución socialista, será este tipo de argumentación desde la comprensión aparente, desde la corrección política ante los superiores o en un contexto favorable a cierta ideología compartida, o desde alguna rama constituida del saber —en este caso fue la jurisprudencia, pero puede suceder con la medicina, la psicología u otras ciencias específicas—.

Por eso es tan importante que quienes realizamos algún tipo de activismo en estos asuntos estudiemos a fondo esta intervención del diputado Homero Acosta —podríamos hacer algo muy similar con las palabras de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento— para aprender a reconocer las tácticas expositivas que en nuestra praxis política cualquier individuo puede intentar emplear, más todavía si lo hace desde un cargo público o posición de poder, con el propósito de frenar, incluso hasta sin ninguna mala fe, cualquier cambio que pueda resultarle sospechoso, como consecuencia de la cultura patriarcal dominante que, lamentablemente, todas y todos compartimos.

Pero repasemos al detalle los razonamientos del Secretario del Consejo de Estado —los cuales pudimos escuchar en la televisión nacional, pero siempre es mejor leerlos—. Y si no les molesta, me permitiré intercalar en negritas algunos breves comentarios de mi cosecha.

A continuación, el texto en cursiva:

“Yo quería hacer algunos planteamientos de carácter general y después referirme a algunos de los planteamientos que han hecho algunos de los diputados.

«Yo creo que en primer lugar, nosotros debemos decir que tenemos un Código realmente renovador y revolucionario.”

Aquí empieza ya a emitir juicios terminantes de valor que pueden restar credibilidad política a las sugerencias previas o por hacer.

“Este código no es el fruto solo del criterio de los políticos, de los técnicos, de los juristas, sino que también ha sido enriquecido con el criterio de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores y esto le da una legitimidad superior, propia no de este mundo.

En pocos lugares los derechos de los trabajadores se discuten así, y una noche,  a la otra mañana, aparecen reducidos los derechos de los trabajadores, y aquí se discute con todo nuestro pueblo, se trae al Parlamento, vuelve a discutirse y aquí estamos hoy haciendo una sección de verdadera democracia, yo creo que eso es lo primero que hay que decir de este código y algunos compañeros lo han planteado en las intervenciones”.

Plantea elementos reales con los cuales todas las personas podemos estar de acuerdo, y comienza a introducir como principio de validación una comparación con una realidad ajena, que no es la de la inmensa mayoría de la población cubana ni la de los integrantes de nuestro Parlamento, y que no tendría por qué serla, luego de 55 años de Revolución.

“Lo segundo tiene que ver con las razones por los cuales llevamos a cabo este Código. El país, como se ha dicho, está inmerso en un grupo de transformaciones importantes en el modelo económico y social y se establecen nuevas relaciones en el mercado laboral. Pasamos de un código del año 84, de prácticamente un exclusivo empleador, el Estado, a una multiplicidad de empleadores, que comienza ahora y que en el futuro se está desarrollando, hablamos de los cuentapropistas, hablamos de la contratación de mano de obra que no estaba incluida en buena parte de la legislación anterior, hablamos de las cooperativas no agropecuarias que también están creciendo, y esas nuevas relaciones laborales tienen que tener una coherencia, tienen que tener una contextualización  en el marco de un código laboral y yo creo que ese también es el valor que tiene nuestro Código”.

Sin dudas, esas son las razones fundamentales que hicieron necesario el cambio legislativo ¿pero acaso ello impide incorporar otras actualizaciones en enfoques y políticas sociales transversales que también pueden tener una expresión en las normas jurídicas y que tampoco existían en 1984? Del modo en que lo dice, parecería que no. Esas son las razones, y punto, no hay nada más que añadirles.

“Hay que decir que mientras Cuba ajusta un código laboral, busca nuevos derechos, nuevas garantías para sus trabajadores, en el mundo y fundamentalmente en la rica Europa, se va desmontando paulatinamente el llamado estado de bienestar. Esos derechos de los trabajadores que se fueron incorporando en el periodo de la postguerra, de la Segunda Guerra Mundial, para responder incluso al auge del sistema socialista en Europa, han ido liquidándolo poco a poco, no por gusto son manifestaciones que se ven hoy en las plazas de Europa, de los indignados, para hablar realmente hoy de un estado de malestar general de la sociedad, es lo que se puede ver en esos países.

«Yo creo que también hay que pensar que en un Código de Trabajo supone un bien muy preciado y muy precario en este mundo, es el trabajo, es el empleo, y en Cuba hay un altísimo nivel de empleo en este país y esa es la primera garantía que tiene que tener un código, porque hay muchos lugares donde hay leyes del trabajo, hay muchos códigos del trabajo y sin embargo lo que no hay es empleo, y no se puede hablar de derechos del trabajo si no hay empleos, porque hay sectores incluso donde estos niveles son espeluznantes, incluso en Europa el 46% de los jóvenes, el 50% de los jóvenes que no encuentran empleo, a pesar de que tienen preparación, a pesar de que han estudiado.

«Hay que hablar ya no solamente de un código de trabajo para esos sectores, que es el código de los sin trabajo, de eso no piensa nadie en este mundo; y sin embargo nosotros, en medio de estas condiciones económicas, en medio de estos problemas, en medio de un bloqueo, estamos haciendo un código laboral revolucionario, para respetar y amparar el derecho de los trabajadores, en estas nuevas circunstancias”.

Vuelve, ahora en extenso, sobre la comparación internacional y los mismos juicios terminantes de valor, a partir de elementos ciertos, justos, interesantes y hasta dichos con cierta originalidad. Pero este es un recurso del cual el discurso político en Cuba abusa con demasiada frecuencia, y que en este caso, en medio de una polémica donde nada de eso estaba en discusión, no solo muy posiblemente sobraba, sino que cualquiera estaría en el derecho de interpretarlo como una manera de acallar inconformidades o propuestas de mejora.

“Hay que recordar que Cuba promulgó su primer código laboral en 1984, eso se hizo con la Revolución. En el período prerrevolucionario, arrancados por las luchas de los obreros, de nuestros trabajadores, se lograron algunos derechos. Recordemos, cuando Guiteras, en el gobierno de los Cien Días, se pusieron algunos derechos de los trabajadores, las 8 horas, que habían sido conquistas luchadas por muchas generaciones de trabajadores.

«Después con la Constitución del 40 realmente se llevaron al plano normativo un grupo de derechos importantes de los trabajadores, pero eso solo quedó en el plano jurídico formal muchos de ellos, porque los negros y los blancos no tuvieron los mismos derechos en el mercado laboral, la mujer y el hombre no tuvieron el mismo derecho laboral en ese mercado, el desempleo pululaba, el tiempo muerto, todo eso lo desterró la Revolución. Y eso convirtió a la Constitución del 40, por esto y muchas razones, en  letra muerta. La Revolución fue la que realmente vino a dar vida a esos derechos de los trabajadores”.

Hace una muy apretada síntesis histórica, quizás en exceso simplificadora, que incluso pudiera causar algún tipo de dudas entre la juventud. Es cierto que la Revolución desde que triunfó fue fuente automática de derechos, pero podríamos reflexionar por qué tardó 25 años en aprobar su primer Código de Trabajo.

“Yo creo que ha sido muy atinado lo planteado por el compañero Toledo, al traer una cita del compañero Fidel cuando se discutió el Código en 1984. Aquel código y este código no es perfecto, yo creo que no es perfecto, siempre uno tiene insatisfacciones, incluso en el gremio de los juristas pudiéramos decir que tenemos varias insatisfacciones y han sido planteadas, con el tema de si tenemos que tener una doble instancia judicial, si tenemos que incorporar otros elementos, si tenemos que buscar otros derechos, pero yo creo que se ha alcanzado un nivel de consenso y se ha alcanzado un nivel de técnica jurídica, que yo creo que es más que digno, y que recoge para esta etapa del desarrollo de la Revolución un código importante”.

Inaceptable resultó para mí el uso de esa cita de Fidel como una salida que podríamos interpretar como un llamado al conformismo, tanto en las palabras de José Luis Toledo Santander, como en las de Homero Acosta. De hecho, ese fue la tesis de La Columna del Lunesque me publicaron en la edición siguiente del semanario Trabajadores. Estoy seguro de que Fidel nunca estaría de acuerdo con dejar pasar una ley imperfecta mientras existiera la posibilidad real y objetiva de mejorarla. Si las inconformidades de los juristas no tuvieron solución en este Código, es su total responsabilidad por no plantear la fórmula idónea para solucionarlas, pero considero éticamente incompatible con la condición de un verdadero revolucionario esgrimir una incapacidad propia o de un grupo para frenar el empeño de otra persona o colectivo que plantea una fórmula razonable y realista para, de una manera muy sencilla, hacer un aporte político muy significativo a un proyecto colectivo como lo fue esta ley.

“Yo creo que hay que hay que seguir profundizando, porque la práctica y el desarrollo de nuestro modelo económico también va a imponer nuevos cambios en la legislación laboral. Aquí no termina, este es el primer paso. El compañero Marino ha expresado en varias actividades que las transformaciones más profundas de la actualización están por comenzar y esto tiene una incidencia muy directa en el plano del mercado laboral, en el plano del derecho laboral.”

Perfecto, cuando llegue lo nuevo, habrá que incorporarlo, pero no hay que dejar para mañana lo que puedes y ya sabes cómo hacer hoy.

“Por tanto yo creo que hemos logrado un Código que se atempera y que podemos aprobar atemperado a la nueva realidad económica, un Código que también nos pone en ventaja frente al mundo desde el punto de vista jurídico, pero también porque aquí en Cuba están reconocidos derechos que en otros lugares son sueños.

«Aquí se hablaba del sector no estatal, ese sector no estatal en una parte del mundo es lo que se llama el mercado informal, el sector informal, que no tiene ningún derecho, que no tiene seguridad social y que además no tiene un sistema de justicia social como tiene la Revolución y por tanto eso es lo primero que hay que defender, ese trabajador por cuenta propia en Cuba tiene seguridad social, pero tiene sus hijos que van a la escuela y tiene la educación, tiene la salud publica, tiene el acceso a la cultura y esos son valores también que hay que tener en cuenta cuando se habla de un código laboral en nuestra Cuba. Eso es lo que quería plantear de manera general, compañero Lazo.”

Todo muy cierto. Pero para eso el pueblo cubano hizo una Revolución y defiende un proyecto socialista, a costa también de muchos sacrificios de toda clase. Este es el tipo de argumento que para una parte importante de la población ya no funciona, al menos dicho de esa manera o por cualquier persona. Tal vez una nueva oleada de dirigentes más jóvenes debería hallar otras maneras de razonar acerca de estas garantías sociales sin que suene tan manido.

“Respecto a los planteamientos que han hecho los diputados, en particular lo que decía la diputada Mariela.

«Yo, respecto a la identidad de genero, no soy ducho en la materia, en las especificidades de este ámbito del derecho, no sé si hay que incorporar o no la identidad de género, esas son discusiones, por lo que conozco, esas son discusiones muy serias, y si eso hay que incorporarlo en una legislación o está incluido o no está incluido, porque son detalles que pocas legislaciones, aunque hay algunas que lo han reconocido, lo han incorporado, por eso tengo duda de si hay que incorporarlo o no, ese es un primer planteamiento.”

Luego de ese largo preámbulo para poner en una perspectiva ideológica común el debate, y buscar el compromiso político del auditorio mediante la inducción de una total autosatisfacción con lo hecho, al fin el diputado Homero Acosta llega, presumiblemente, al objetivo principal de su intervención: discrepar de las propuestas de modificación hechas por Mariela, y contrarrestar el apoyo que estas recibieron por parte de una diputada y un diputado, ambos destacados líderes religiosos cristianos.

Para ello, al parecer, ni siquiera le importa confesar que no es “ducho en la materia”, y poner en evidencia que no domina los términos sobre los cuales opina. Ante ese declarado desconocimiento personal, tal parecería que trata de atemorizar a sus colegas del Parlamento con el ambiguo mensaje de que “son discusiones muy serias”; y sin importarle el criterio de quien sí es una especialista, plantea su “duda” demoledora desde el estrado presidencial que ocupa como secretario del Consejo de Estado.

«Con el resto de los planteamientos Mariela, en particular la discapacidad, yo creo que como decía la diputada Vilma Patricia, yo creo que hay que incorporarlo, eso es una protección que tienen nuestros discapacitados y que creo que es justo incorporarlo para que no sea fuente de desigualdad.»

Para balancear, apoya la inclusión de no discriminar por discapacidad, que probablemente considera mucho más comprensible, al ser un derecho humano que no entra en contradicción con esas aparentes lagunas o prejuicios en cuanto a derechos sexuales. Además, en el tema de las discriminaciones, parecería que es usual en la política la tendencia a negociar unas menciones explícitas por otras. Recuerden al respecto los debates en la ONU.

“El tema del lenguaje, el tema del lenguaje… Miren, estos son discusiones de técnica legislativa. Aquí hay dos variantes en el mundo de la legislación, usted incorpora en todos los textos cada vez que va a hablar de un hombre usted dice el hombre y la mujer, el trabajador y la trabajadora y tendría que tener 150 artículos, tendría que decir los trabajadores y las trabajadoras, el trabajador y la trabajadora y eso se repite, eso desde el punto de vista técnico legislativo es muy discutido y se busca una fórmula que es la que hemos nosotros establecido durante años de buscar, decir, cuando se refiere al trabajador se está refiriendo tanto al trabajador como a la trabajadora.”

Ahora hecha mano a la herramienta preferida de un jurista: la técnica legislativa. No obstante, exagera y pifia por desmesura cuando atribuye un posible incremento en los artículos de la ley por el empleo correcto del enfoque de género, lo cual no solo es inexacto, sino que también es falso. Y por supuesto, propone la fórmula mágica del conservadurismo leguleyo: dejarlo como siempre se ha hecho.

“El lenguaje desgraciadamente ha sido sexista, ha sido machista, pero eso es un problema de la filología y el derecho no puede resolver ese problema, ese no es un problema que el derecho venga a resolver aquí y menos en un código laboral. Reconocemos los avances de un grupo de legislaciones, incluso en constituciones que han puesto el hombre y la mujer, pero eso es una discusión posterior. Yo creo que aventurarnos ahora a incorporar, para decir que somos más defensores de la mujer por poner eso en un código, yo creo que eso está por discutir. Me parece que la formula que se ha encontrado aquí de que cuando se refiere al trabajador se habla del trabajador y la trabajadora, desde el punto de vista de técnica legislativa es mejor, es más positivo, para no tener que redundar, y esto no nos hace menos defensores de la mujer, en el sentido de la identidad de género, de la defensa del género, yo creo que es una formula y que para nada se puede despreciar.”

El pretexto de alguien cuando no quiere comenzar a cambiar los patrones dominantes: la culpa es de otros (¡la filología!). O también “eso es una discusión posterior”, tan parecido a aquel otro subterfugio que tanto conocemos en la prensa de “este no es el momento oportuno”.

Además, legislar es expresar políticas, mientras más avanzadas, mejor; y el derecho es una herramienta, nadie le pediría al derecho que resolviera el sexismo en el lenguaje o la inequidad de géneros, pero tampoco un diputado debe admitir que la técnica jurídica ponga obstáculos a la expresión de una voluntad política que sirva de vehículo para la formación de valores culturales y humanos superiores.

“Yo creo que hay que tenerlo en cuenta a partir de nuestra práctica legislativa. Nosotros hemos tenido muchas discusiones en el plano legislativo si se pone ministro o ministra, y el cargo es ministro, y cuando se refiere, aunque lo ocupe una mujer, se le dice “las disposiciones que dicte el ministro”, porque ese es el cargo, no se puede cambiar el cargo, es decir, porque lo ocupa una mujer, que el cargo se llama ministra.

«Ah, sin embargo, cuando usted se va a dirigir a la que ocupa el cargo y es una ministra se dice la compañera ministra, son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Y eso lo hemos tenido que discutir entre los juristas en el plano legislativo. Son cuestiones muy complicadas que nosotros, introducirlos aquí, vendría desde mi punto de vista, a incorporar algo que no tiene razón introducir y es una práctica nuestra, que podemos mañana cambiarlo, pero yo no creo que sea este el momento de cambiar esa práctica.”

Escogió para fundamentar quizás el peor ejemplo posible, que pone en evidencia la retranca machista que todavía predomina en la práctica legislativa cubana. Terrible saber que a estas alturas del siglo XXI eso puede ser un motivo de discusión entre los juristas de nuestro país, y que aún no está resuelto. ¿Cuán complejo puede ser modificar la práctica y nombrar Ministros a los hombres y Ministras a las mujeres? ¿Qué gran riesgo jurídico correría la institucionalidad del país con esa rectificación? ¡Y qué triste esa condescendencia oral, como si fuera un favor, de violar el “sacrosanto” nombre del cargo de Ministro para presentar a una Ministra, por favor! Y además tener que escuchar que estas “son cuestiones muy complicadas” (¡!) ¿Y cuándo será el momento para comenzar a cambiarlas?

«Y por último, lo que planteaba Mariela en el Articulo 146, yo creo que sí, que hay que evaluar, me pasa lo mismo que a Margarita, pero he seguido un poco lo que ella planteó, y yo creo que hay que analizar, incluso la propia comisión de estilo si eso se puede incorporar, pero reitero, yo creo que hemos logrado un código del cual nosotros podemos sentirnos orgullosos. Eso es lo que quería plantear. »   

Finalmente, y aunque de un modo algo vacilante, mostró su conformidad con la propuesta de ampliar el concepto de violencia laboral,  pero sin dejar de sugerir que quizás tampoco fuera tan imprescindible hacerlo.

Reitero que nada tengo en contra del diputado Homero Acosta, a quien no conozco en persona y de cuya labor específica tampoco existe mucha información pública, por lo cual yo me siento incapaz de ofrecer alguna valoración acerca de su trabajo.

Me daría por satisfecho solo con que de este somero análisis cualquier lector o lectora pudiera extraer alguna experiencia provechosa para insuflar mayores bríos e ideas cada vez más progresistas entre activistas, legisladores y en toda nuestra ciudadanía.