Teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Código del Trabajo se encuentra en una fase avanzada del proceso para ser presentado al plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación y que ha culminado la etapa de discusión con los trabajadores y las trabajadoras que se desarrolló en el país mediante asambleas en todos los centros laborales.
Considerando que en nuestra sociedad, como consecuencia de los marcados prejuicios machistas y homofóbicos que aun laceran los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes de la heterosexualidad hegemónica, y a pesar de la voluntad política del Estado cubano expresada en los lineamientos de trabajo político e ideológico del Partido Comunista de Cuba, será difícil acumular una masa crítica de planteamientos sobre los temas que nos interesan como para ser tomados en cuenta en la discusión final y aprobación de dicha Ley.
Conociendo que, también, la desarticulación de la gran mayoría de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales de los espacios de formación, debate, reflexión, activismo político y abogacía de derechos coordinados por las Redes Sociales Comunitarias por la diversidad, quienes además son víctimas sistemáticas del estigma y la discriminación en diversos ámbitos lo que disminuye su autoestima e incrementa los temores a reconocerse como tales, ha podido generar apatía, inmovilismo, desconfianza, subestimación o desconocimiento de sus derechos ciudadanos incidiendo en su participación activa en este proceso.
Destacando que el ámbito laboral constituye el principal escenario de vulneración de los derechos de las personas LGBTI en Cuba, según las estadísticas del departamento jurídico del CENESEX y de los servicios de atención a quejas por vulneración de derechos sexuales de los grupos de trabajo de educación sexual existentes en todas las provincias del país.
Los y las participantes en el 1er Taller Nacional de las Redes Sociales Comunitarias por la Diversidad y 1er Taller Nacional de la Red de Juristas por los Derechos Sexuales, en representación de los y las integrantes de estos grupos en Cuba, hemos aprobado elevar al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, a la Central de Trabajadores de Cuba y a la Asamblea Nacional del Poder Popular nuestras consideraciones sobre dicho cuerpo legal:
Primero: En la redacción de la propuesta del Código de Trabajo se aprecia un lenguaje sexista apegado al tradicional enfoque binario de género que no ofrece suficiente visibilidad a las mujeres trabajadoras; así mismo, hace alusión al concepto raza ya bastante discutida su no pertinencia.
Segundo: En el texto no existe una mención explícita a la orientación sexual e identidad de género como causa de discriminación, a pesar de ser los centros laborales donde con mayor frecuencia y gravedad se producen hechos de vulneración de los derechos ciudadanos de las personas con sexualidades diferentes de la heterosexualidad hegemónica, y la formulación constitucional de condena de estas actitudes y prácticas homofóbicas como “cualquier otra lesiva a la dignidad humana” ha demostrado ser ineficaz para la garantía y protección de dichos derechos. Tampoco se hace alusión explicita ni al seroestatus al VIH ni a la discapacidad como causas de discriminación.
Tercero: No aparecen incluidas en el anteproyecto del Código de Trabajo regulaciones acerca del acoso moral, ampliamente reconocido internacionalmente por su impacto desfavorable sobre la salud física y mental de las víctimas, donde se definan las obligaciones de la administración y el Sindicato de crear espacios y ambientes seguros para prevenir la violencia laboral. La problemática de la violencia en todas sus modalidades también está recogida en los lineamientos del PCC y el Estado cubano.
Reconocemos la voluntad política expresa del Estado cubano contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y la labor desplegada en los últimos años por instituciones del estado y el gobierno y organizaciones no gubernamentales, incluso a nivel internacional, por el reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos.
Recordamos la obligación del Estado de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, de todos y todas, pero especialmente en este caso, de personas pertenecientes a grupos que pudieran constituir minorías.
Reclamamos, por tanto, a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, que también nos representan, a que esta coyuntura de actualización legislativa, por fin, constituya la posibilidad excepcional de concretar la incorporación de una perspectiva de género, de una posición moderna y científica sobre la diversidad sexual y de los principios antidiscriminatorios e inclusivos de nuestro proyecto social en todas las leyes aprobadas en adelante.
Camagüey, 2 de Noviembre de 2013
